La Ley de Radiodifusión que controlaba el ejercicio de la prensa, fue promulgada el 15 de septiembre de 1980 por medio de un decreto firmado por el dictador Jorge Rafael Videla. La actividad periodística, estaba limitada por la doctrina de la seguridad nacional. Mientras se perseguía a periodistas, se cerraban radios, revistas y canales.
En 1989, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se derogó el artículo 45 de la ley, que impedía prácticas monopólicas a las empresas periodísticas, dejando abierto el camino para la privatización de los canales de televisión.
Con este cambio se consolidaron seis empresas que adquirieron medios y poder real sobre la sociedad, funcionando como formadores de opinión que se mueven a raíz de sus propios intereses económicos. La mayor concentración la posee el Grupo Clarín. El multimedio es dueño de los canales de televisión Todo Noticias, Canal 13, Canal Rural, radio Mitre, TyC, Polka, Cablevisión, Multicanal, Fibertel, los diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior, Los Ándes, Editorial Tinta Fresca, Papel Prensa, Agencia DyN y muchos más.
La posibilidad de comunicarse libremente dignifica a los hombres. En la actualidad, el periodismo se encuentra preso de un sistema que por intereses comerciales no permite la libre expresión de opiniones y pensamientos, donde todo pasa por el rating, lo morbo, amarillista y los contenidos culturales quedan rezagados solo para el estado, que a pesar de sus esfuerzos, muchas veces no logra cubrir este espacio en su totalidad.
Con el objetivo de remediar este triste panorama, el 10 de octubre de 2009, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Servicios Audiovisuales en reemplazo de la norma vigente desde la última dictadura militar. El texto fue escrito tomando como punta de partida los 21 puntos para una radiodifusión democrática, proclamados por una coalición de periodistas con reconocimiento social y fue corregido y discutido en cientos de foros a lo largo y ancho del país, inclusive en la ciudad de Luján.
Desde el principio, el grupo Clarín junto a sus poderosos amigos, denominó este proyecto como “Ley de Medios K”, haciendo creer que se trataba de un plan para controlar a los medios opositores y minar la comunicación de mensajes oficialistas. Con estas dos mentiras pusieron a la gente a discutir banalidades y desviaron de la discusión el tema central, que es la libertad de prensa reemplazada por la libertad de empresa. Donde el capital hace lo que quiere con la información bajo el único beneficio del lucro, olvidando la función social del periodismo.
Con estás mentiras taparon las grandes reformas que genera esta nueva reglamentación, que busca poner fin a la existencia de monopolios, permitiendo la incorporación de nuevas voces en busca de una comunicación más plural. Además promueve la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas; establece una Cuota de Pantalla de Cine Nacional para que las producciones locales puedan ser vistas por todos los argentinos por televisión; garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión como lo prevé la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones; permite el acceso a licencias de radio y televisión a entidades sin fines de lucro, prohibidas hasta ahora; habilita a las Universidades a que tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales y regula las nuevas tecnologías.
Luego de la promulgación presidencial, el establishment económico se acercó a la justicia para impedir la implementación de la ley, logrando que hasta el día de hoy no haya entrado en aplicación. El reciente conflicto del Grupo Uno en Rosario con varios periodistas, demuestra que los dueños de la comunicación, no están dispuestos a ceder en un centímetro el potencial mediático, cuartando a los periodistas de poder trabajar con libertad y a la población de sentirse informada con confianza.
Ante estas consideraciones nace la necesidad de tener una ley democrática, que sirva como cimiento para la construcción de una nueva comunicación plural, para todos y sin intereses puramente comerciales. El Departamento de Comunicación Popular del Partido Justicialista de Luján, repudia los fallos judiciales en contra de la ley de Servicios Audiovisuales y manifiesta su acompañamiento a la movilización a realizarse el próximo jueves en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la inmediata implementación de la ley.
Matías Fernández
Coordinador del Departamento de Comunicación Popular PJ LUJÁN
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